Está quedando más claro que el agua de manantial que el sistema judicial español necesita de una reforma que le saque del año 1954. El editorial conjunto de todos los periódicos catalanes demuestra, una vez, más que la judicatura en España es presionable, moldeable y sobre todo, ajustable a intereses.
No voy a entrar en si el editorial acordado es justo o no. Ni en si era pertinente. Pero que todos los periódicos de publicación catalana se unan y consensúen un editorial es algo que no tiene precedentes y que, al menos, refleja el sentir de una parte del estado.
Cuando los padres del sistema político actualmente en vigor consensuaron la carta magna y establecieron una serie de controles, entre ellos el judicial, para velar por el cumplimiento de la misma, no pensaron ni que los torticeros podrían llegar a tener un gran número de escaños ni que la judicatura no sólo no se moviera hacia delante, sino que los propios torticeros colocaran a los suyos en los sistemas de mando del poder judicial, anclando este en pleno apogeo de la dictadura.
Que el Tribunal Constitucional lleve sin renovarse más de dos años, una vez cumplido el plazo establecido, significa que ni es tribunal ni está capacitado para emitir juicio alguno.
Recordemos que el CGPJ estuvo sin renovación también más de dos años, y sólo cuando ZP (el buenísimo) tragó con un sectario de misa diaria y miembro de la secta del fascista Escribá, se pudo renovar el consejo dando mayoría a los cuarenta ladrones de Alí Baba.
Ahora, el constitucional tiene entre sus miembros a un fallecido (que no puede votar) y a otros siete que ya han acabado su mandato (en total ocho de doce).
El Partido pa Trincar, es el que más levanta la voz contra jueces, policías judiciales y fiscales, y sin embargo esta vez no cesa de repetir que hay que dejar trabajar libremente al tribunal y acatar sus decisiones o traducido al castellano que, “la sentencia será de inconstitucionalidad, lo que me alegra y favorece y por eso estoy de acuerdo”.
Un tribunal Constitucional no es un juzgado al uso. Es el salvaguarda de las libertades recogidas en la Constitución. Y cuando dictamina si una ley entra dentro de la legalidad vigente debe tener en cuenta, a quién afecta la ley, con qué participación ha sido votada y las consecuencias de su inconstitucionalidad. Porque un estatuto de autonomía, siempre estará dentro de la Constitución, ponga lo que ponga en él. La constitución reconoce las peculiaridades de distintas partes del estado y que en un estatuto (ley de rango inferior a la constitución) ponga que Cataluña es una nación o que son todos coloraos o mortadelolos, no significa nada para el resto del estado y mucho para los catalanes. La simbología es importante y no es valorable constitucionalmente.
Ahora, cuando los carroñeros y torticeros utilizan los “amigos” para salvarse de procesos judiciales o para convertir los órganos de garantía en una tercera Cámara satélite de la 13 Rue del Percebe, se producen salidas de pata de banco como los editoriales de ayer. Es más, cuando eso sucede, los órganos de control pasan a ser la comidilla del pueblo, pierden la independencia y el respeto y eso no hay estado que lo soporte. Como prueba de lo que digo, es que ayer perdieron la votación de la enmienda a la totalidad en la futura ley del Aborto y ya han AMENAZADO con llevarla al Constitucional.
Los políticos de turno deberían pensar un sistema judicial independiente, de renovación constante, de evaluación más constate y sin los privilegios actuales. Sólo así garantizarían que tanto el CGPJ como el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores y el Constitucional fueran órganos absolutamente objetivos y no el reflejo de una casta elitista, tradicionalista católica, apostólica y percebiana.
No voy a entrar en si el editorial acordado es justo o no. Ni en si era pertinente. Pero que todos los periódicos de publicación catalana se unan y consensúen un editorial es algo que no tiene precedentes y que, al menos, refleja el sentir de una parte del estado.
Cuando los padres del sistema político actualmente en vigor consensuaron la carta magna y establecieron una serie de controles, entre ellos el judicial, para velar por el cumplimiento de la misma, no pensaron ni que los torticeros podrían llegar a tener un gran número de escaños ni que la judicatura no sólo no se moviera hacia delante, sino que los propios torticeros colocaran a los suyos en los sistemas de mando del poder judicial, anclando este en pleno apogeo de la dictadura.
Que el Tribunal Constitucional lleve sin renovarse más de dos años, una vez cumplido el plazo establecido, significa que ni es tribunal ni está capacitado para emitir juicio alguno.
Recordemos que el CGPJ estuvo sin renovación también más de dos años, y sólo cuando ZP (el buenísimo) tragó con un sectario de misa diaria y miembro de la secta del fascista Escribá, se pudo renovar el consejo dando mayoría a los cuarenta ladrones de Alí Baba.
Ahora, el constitucional tiene entre sus miembros a un fallecido (que no puede votar) y a otros siete que ya han acabado su mandato (en total ocho de doce).
El Partido pa Trincar, es el que más levanta la voz contra jueces, policías judiciales y fiscales, y sin embargo esta vez no cesa de repetir que hay que dejar trabajar libremente al tribunal y acatar sus decisiones o traducido al castellano que, “la sentencia será de inconstitucionalidad, lo que me alegra y favorece y por eso estoy de acuerdo”.
Un tribunal Constitucional no es un juzgado al uso. Es el salvaguarda de las libertades recogidas en la Constitución. Y cuando dictamina si una ley entra dentro de la legalidad vigente debe tener en cuenta, a quién afecta la ley, con qué participación ha sido votada y las consecuencias de su inconstitucionalidad. Porque un estatuto de autonomía, siempre estará dentro de la Constitución, ponga lo que ponga en él. La constitución reconoce las peculiaridades de distintas partes del estado y que en un estatuto (ley de rango inferior a la constitución) ponga que Cataluña es una nación o que son todos coloraos o mortadelolos, no significa nada para el resto del estado y mucho para los catalanes. La simbología es importante y no es valorable constitucionalmente.
Ahora, cuando los carroñeros y torticeros utilizan los “amigos” para salvarse de procesos judiciales o para convertir los órganos de garantía en una tercera Cámara satélite de la 13 Rue del Percebe, se producen salidas de pata de banco como los editoriales de ayer. Es más, cuando eso sucede, los órganos de control pasan a ser la comidilla del pueblo, pierden la independencia y el respeto y eso no hay estado que lo soporte. Como prueba de lo que digo, es que ayer perdieron la votación de la enmienda a la totalidad en la futura ley del Aborto y ya han AMENAZADO con llevarla al Constitucional.
Los políticos de turno deberían pensar un sistema judicial independiente, de renovación constante, de evaluación más constate y sin los privilegios actuales. Sólo así garantizarían que tanto el CGPJ como el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores y el Constitucional fueran órganos absolutamente objetivos y no el reflejo de una casta elitista, tradicionalista católica, apostólica y percebiana.
Un estado laico, se merece una judicatura laica y no un montón de meapilas abducidos por el vino de misa.
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