Parece ser que la Audiencia Nacional, ve indicios de inconstitucionalidad en el decreto de rebaja del salario de los funcionarios adscritos a empresas y entidades públicas.Que los jueces son contrarios a la rebaja de salario es un hecho desde el momento que, cuando todos los demás funcionarios rellenamos un escrito “tipo” de una página para dejar testimonio de nuestro sentir contra el decreto en forma de reclamación, el de los jueces y fiscales ocupa 17 folios de argumentación. Lo que quiere decir no que su sentido por la rebaja sea mayor, sino que utilizan su propio lenguaje y metodología para tal menester.Supongamos que, después de tres años, el Constitucional dictaminara que el Real Decreto es inconstitucional o que la Audiencia Nacional dijera que es ilegal. El estado, debería desembolsar una media de tres mil euros por funcionario. Es decir, tres mil seiscientos millones de euros de nada. ¿Cómo afectaría eso al déficit público? ¿Y al PIB? ¿Qué dirían entonces los creadores de pobreza internacional como El Banco Mundial o el FMI?
Los que siempre hemos argumentado que otra forma de reducir el gasto del estado es posible, sabemos que las presiones sobre los jueces serán de tal calibre que, al igual que pasó con la cláusula de revisión que el gobierno del fascista Insufrible y peor expresidente de Gobierno del mundo, todo quedará en el famoso “agua de borrajas”.
Desgraciadamente las arcas del estado no pueden permitirse que la cabezonería y el sinsentido de un tipo que cambia de argumentación según las condiciones, que hoy defiende el comunismo de Stalin y mañana el neofascismo del nuevo dios mercado, suponga una carga irreparable y por eso, los nuevos dueños del cortijo, negociarán y “untarán” como ya lo hicieron con la cláusula de revisión para que sus señorías no voten a favor de la ilegalidad o la inconstitucionalidad.
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